Redacción judicial
La lucha contra el narcotráfico en Colombia atraviesa un momento crítico. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional por reducir los cultivos de coca y avanzar hacia economías legales, el incremento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína han encendido las alarmas en Washington. La posibilidad de que Estados Unidos retire la certificación a Colombia ya no parece tan lejana, y traería consecuencias serias para la cooperación bilateral.
¿Qué significa ser descertificado por Estados Unidos?
La certificación es una evaluación que elabora anualmente el gobierno estadounidense para calificar el compromiso y desempeño de países que tienen un papel clave en la producción o tránsito de drogas ilícitas. Este proceso, creado por la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, determina si esos países siguen siendo aliados eficaces en la lucha antidrogas.
Una descertificación implica que el país evaluado no está cumpliendo con sus compromisos en esta lucha. De ser así, EE. UU. puede aplicar medidas como la suspensión de hasta el 50 % de la asistencia exterior, o bloquear el acceso del país a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI). También se restringen otras ayudas, con excepciones para asistencia humanitaria y programas puntuales contra el narcotráfico.
Durante más de tres décadas, Colombia ha sido certificada sin interrupciones, lo que le ha permitido mantener una relación estratégica con EE. UU. en temas de seguridad, erradicación, desarrollo alternativo y combate a las redes del crimen organizado. Una ruptura en esa certificación significaría un retroceso importante.
Cifras que preocupan a Washington
El último informe del Departamento de Estado de EE. UU. advierte que Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. En 2024, el país incautó 960 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína, una cifra histórica. Sin embargo, el área sembrada con cultivos de coca también aumentó. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 10 % frente al año anterior.
Además, aunque se han hecho esfuerzos para fortalecer los controles, el desvío de precursores químicos como el ácido sulfúrico sigue siendo un desafío. Entre enero y septiembre de 2024, Colombia incautó más de 3.000 toneladas de precursores sólidos y más de 4,7 millones de galones de precursores líquidos.
La respuesta del Gobierno colombiano
La canciller Laura Sarabia aseguró este martes que el Gobierno está trabajando en un plan estructurado para reducir los cultivos ilícitos y mejorar la cooperación internacional. “Estamos tratando de consolidar un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos y esperamos que los resultados se evidencien y se
muestren en una certificación por parte de los Estados Unidos”, señaló en rueda de prensa.
El presidente Gustavo Petro se ha fijado como meta reducir en un 40 % los cultivos de coca para 2026, además de lograr que al menos 50.000 pequeños productores hagan la transición hacia economías legales.
No obstante, la propia canciller reconoció que la situación es compleja. “Aquí no hemos ganado todavía la batalla y todavía falta mucho por hacer”, declaró.
Un contexto político que complica el panorama
Aunque la administración de Joe Biden mantuvo la certificación de Colombia en 2024, el regreso de Donald Trump a la presidencia podría cambiar las reglas del juego.
Durante su primer mandato, Trump fue más crítico con Colombia, recortó la ayuda
internacional y presionó por resultados más contundentes en la erradicación de cultivos ilícitos.
Además, las recientes tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, como la decisión del presidente Petro de rechazar vuelos con migrantes deportados desde EE. UU., han deteriorado el clima de confianza entre ambos países.
La canciller Sarabia se reunió la semana pasada en Bogotá con Kristi Noem, directora del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., para discutir temas de seguridad y migración, aunque la visita no tuvo como eje central la lucha contra las drogas.
Por su parte, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, señaló que una descertificación sería un error estratégico. “La agenda bilateral nuestra es mucho más amplia que el tema de drogas”, afirmó, destacando áreas clave como el comercio, la migración y el medio ambiente.
¿Qué viene ahora?
La decisión de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia se conocerá en septiembre de 2025. Hasta entonces, el país tendrá que demostrar avances concretos en la reducción de cultivos y el combate al narcotráfico. De lo contrario, podría enfrentar una sanción diplomática y financiera que alteraría profundamente su política exterior y su lucha contra las drogas.
