Recientemente, las autoridades colombianas llevaron a cabo un operativo significativo contra las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, centrado en la extinción de dominio de bienes adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico. En este operativo, se incautaron propiedades valoradas en más de 10.250 millones de pesos, incluyendo inmuebles, vehículos de alta gama y un taxi. Estos bienes estaban vinculados a una red criminal que financiaba actividades ilícitas, como la compra de armamento y explosivos para sostener las operaciones armadas de las disidencias.
La Fiscalía General de la Nación identificó que esta red criminal enviaba cocaína y otras sustancias desde las costas del Caribe y el Pacífico colombiano hacia países como Estados Unidos, México y España. Las propiedades incautadas estaban registradas a nombre de familiares y testaferros de los integrantes de la organización. Ahora, estos bienes están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su mantenimiento y disposición.
Este golpe representa un ataque directo al patrimonio de estas organizaciones criminales, debilitando su capacidad operativa y financiera.
Las autoridades colombianas han empleado métodos avanzados de inteligencia y tecnología para rastrear y desmantelar las redes criminales de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Entre las herramientas utilizadas destacan los drones y sistemas de vigilancia aérea, que han permitido identificar movimientos estratégicos y ubicaciones clave de los grupos armados. Además, se han llevado a cabo operaciones de infiltración en las redes de comunicación de estas organizaciones, lo que ha facilitado la recopilación de pruebas y la planificación de los operativos.
El seguimiento se ha realizado durante un período prolongado, con investigaciones que abarcan varios años. Por ejemplo, desde el surgimiento de las disidencias en 2016, se han monitoreado sus dinámicas territoriales y su expansión en regiones estratégicas. Este enfoque integral ha permitido a las autoridades mapear las rutas de tráfico de drogas y las conexiones internacionales de estas organizaciones.
Finalmente, el golpe se concretó mediante operativos simultáneos en diferentes regiones, coordinados entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. La extinción de dominio de bienes fue una estrategia clave para debilitar la capacidad financiera de los grupos, afectando directamente su operatividad.
