Unidad Investigativa – El Ultimo Renglón
El negocio de la cocaína cambió de traje y de tablero de control. Donde antes operaba un cártel con cadenas claras en México, hoy se articula una red transnacional que combina estructuras paramilitares, empresas fachadas, corredores logísticos internacionales y “capos invisibles” que se mueven entre criptomonedas y sociedades offshore. Ese relevo —y la consolidación de lo que hoy se conoce como “Clan del Golfo”— no es solo una mutación lingüística: es la transformación de un sistema criminal que ha aprendido a convivir —y a infiltrar— los espacios políticos y económicos de la región.
En los últimos meses las autoridades han mostrado algunos de los nuevos rostros de ese poder difuso. Operaciones internacionales coordinaron allanamientos y detenciones que apuntaron a la rama financiera y logística del grupo; se han reportado incautaciones de toneladas de cocaína, detenciones en Europa y decomisos masivos de material bélico que evidencian no solo la capacidad exportadora, sino la capacidad militar interna de estas organizaciones. Una operación reciente, bautizada como “Gulupa”, desarticuló una red de “narcos invisibles” con presuntos vínculos al Clan del Golfo, que habría manejado rutas hacia puertos europeos y acumulado transacciones en criptomonedas por cientos de millones de dólares; en ese operativo se incautaron alrededor de 10 toneladas de cocaína y se realizaron detenciones entre Colombia y España.
“Lo que venimos enfrentando no es un jefe único con rostro visible, sino una junta donde la logística, la plata y la violencia están administradas por células autónomas que responden a redes empresariales y financieras”, explica Marta Ríos, investigadora en crimen organizado del Global Initiative. “Eso dificulta la acción policial tradicional: ya no se captura a un capo que ordena todo; se interrumpe una línea de la cadena y aparecen tres actores más que continúan la operación”.
Gol, clan y contabilidad: cómo operan los capos invisibles
Los “narcos invisibles” no aparecen en los mismos mapas de antes. No suelen viajar en caravanas de lujo ni exhibir poderío en redes sociales; trabajan mediante empresas pantalla, flujos en criptomonedas y contratos legales que blanquean recursos y ofrecen cobertura logística en puertos y rutas de exportación. La investigación internacional que condujo al desmantelamiento de la red vinculada al Clan reveló estructuras empresariales en España y una sofisticada contabilidad en criptodivisas cuyo volumen se estima en cientos de millones de dólares. Esa arquitectura financiera es, para los expertos, el punto débil y la mayor fortaleza de la nueva organización.
La capacidad de introducir cargamentos por Europa —con puertos clave como Rotterdam, Amberes o Valencia— ha obligado a las autoridades del hemisferio a coordinar acciones conjuntas. Europol y agencias latinoamericanas han destacado, además, el uso de mensajería encriptada y redes logísticas mixtas (marítimas y terrestres) que permiten salidas masivas en pocas operaciones. “Esto no es solo narcotráfico; es una actividad empresarial transnacional con división del trabajo, inversión y servicios financieros”, apunta un alto funcionario de la Fiscalía Especial Antidroga, que pidió anonimato por seguridad. La Fiscalía reportó detenciones y procesos judiciales relacionados con ataques armados y logística del Clan en 2025, reafirmando la presión en varios frentes.
La respuesta del Estado: golpes tácticos, estrategia difusa
Frente a este ecosistema criminal, las acciones del Estado han sido mixtas. Por un lado, la cooperación internacional ha arrojado resultados concretos: detenciones en Europa, sanciones financieras y decomisos de cargamentos y armamento. A finales de 2024 y durante 2025 la Oficina del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a miembros y redes asociadas al Clan del Golfo, una medida que busca mermar la capacidad de operar en los circuitos financieros formales e informales.
Por otro lado, las fuerzas de seguridad siguen enfrentando retos estructurales: piezas de la organización se adaptan, aparecen “capos invisibles” que no son fácilmente identificables y el empleo de empresas pantalla y criptomonedas dificulta los congelamientos patrimoniales. Además, la presencia de arsenales ocultos —como el hallazgo de depósitos con más de 11.000 cartuchos en Meta— demuestra que, aunque se golpee la logística externa, persiste una capacidad material ofensiva en territorio.
“Golpear una bodega en Meta no desactiva la estructura financiera que permite que la droga llegue a puertos europeos”, advierte la analista Clara Mendoza, especialista en política criminal. “Necesitamos inteligencia financiera, cooperación judicial y una estrategia sostenida para atacar tanto la mercancía como el flujo del dinero”. (Nota del autor: ver cuadro de incautaciones y sanciones al final del artículo).
Influencia política: territorios, alcaldías y gobernanzas paralelas
La relevancia del Clan del Golfo no se mide solo en kilos o en dólares; se mide en capacidad de control social y político. En regiones como Urabá, Bajo Cauca, Córdoba y partes del Pacífico, la presencia del grupo ha hecho posible la cooptación de economías locales, la intimidación de líderes y la infiltración en licitaciones y contratación pública. Informes internacionales y locales coinciden en que el fenómeno no es nuevo, pero sí ha cambiado de forma: ahora se mezclan redes criminales con empresarios locales y actores políticos que, mediante coacción o connivencia, facilitan operaciones y garantizan rutas de salida.
Un ejemplo recurrente en informes judiciales es cómo estructuras ilegales aseguran “impuesto” a productores y comerciantes, financian campañas locales y, cuando es necesario, recurren a la violencia para instalar gobernanza paralela. La captura o neutralización de cabecillas no siempre se traduce en pacificación; con frecuencia, la fragmentación deja vacíos que son ocupados por subgrupos más móviles y agresivos. “La fragmentación Pos-Otoniel generó una lógica de mercados criminales en competencia que hoy exporta más violencia, no menos”, sintetiza un informe especializado.
Estadísticas que importan
* Operación “Gulupa” (2025): incautación aproximada de 10 toneladas de cocaína; detenciones en España y Colombia; investigación con hallazgos de transacciones en criptomonedas por cientos de millones.
* Incautación de material bélico (Meta, 2025): hallazgo de más de 11.000 municiones en caleta asociada a actividades del Clan.
* Sanciones financieras: OFAC y otras agencias han listado y sancionado personas y empresas vinculadas a redes que asisten al Clan del Golfo (2024–2025).
* Panorama global: el World Drug Report 2025 muestra un mercado global en expansión y un aumento en la sofisticación de las redes de tráfico y lavado.
¿Quiénes son los nuevos capos?
Desde la caída o captura de figuras visibles como Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, la jefatura del Clan dejó de ser una sola cabeza. Aparecen nombres de medianos jefes territoriales, gestores logísticos en el exterior y empresarios que funcionan como “directores financieros” de hecho. La etiqueta “capo invisible” refiere precisamente a esas figuras que no están en la lista de buscados por sus excentricidades sino por su capacidad para mover dinero y negociar logística sin protagonismo mediático. Investigaciones en curso en Europa señalan también la participación de intermediarios colombianos radicados en España y Países Bajos que coordinan recepción y distribución.
Conclusión: ¿Cartel o Clan?
Hablar hoy del “Cártel del Golfo” como una estructura homogénea es simplificar una realidad más compleja. Lo que existe es un “ecosistema criminal” que combina herencias del narcotráfico clásico con adaptaciones modernas: finanzas encriptadas, empresas pantalla, alianzas internacionales y una presencia violenta en territorios clave. Los golpes policiales y judiciales —aunque ofrecen resultados tácticos notables— no han logrado aún desmontar la junta que administra el negocio: una red de intereses que se repliega y reaparece con nuevos rostros. Para desactivar esa junta se necesita algo más que operativos: requiere inteligencia financiera sostenida, cooperación judicial internacional sin cortes temporales, protección efectiva de testigos y una política pública que reduzca la vulnerabilidad de los territorios donde el Estado y la ley han sido sustituidos por el soborno y la bala. En ausencia de esa estrategia integral, la nueva junta del narcotráfico seguirá gobernando desde las sombras, impasible ante la captura de sus piezas públicas más evidentes.
